Desde Cladem Argentina, Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos repudiaron la denuncia por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogados contra los doctores Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gigena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a través de una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación.

«En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos no hay delito. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo», señala el comunicado.

«La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura.

Por lo tanto, la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios Nº 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público», agrega el escrito emitido por las organizaciones antes citadas.

El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidas consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña», concluye el comunicado.

Fuente: LV12

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